Noticias industriales

Durante la charla “Por Una Ley de Economía Circular para la Ciudad de México”, organizado por Aspen Institute México en colaboración con Política y Legislación Ambiental (POLEA) y el medio digital Sopitas, participaron expertos como el doctor Andrés Ávila, director ejecutivo en POLEA; el maestro Mauricio Zenteno, director técnico en Circulus; la diputada Teresa Ramos Arreola y el diputado Jesús Ricardo Fuentes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal, del Congreso de la Ciudad de México; así como la doctora Marina Robles, secretaria del Medio Ambiente; y Dominic Curran, director de Financiamiento Climático Internacional de la embajada del Reino Unido en México.

A lo largo del webinar se habló sobre la importancia de crear e implementar una ley en esta materia para la CDMX, sin dejar de lado los retos y oportunidades que esta conllevaría.

Inicialmente, debe conocerse el funcionamiento de la economía lineal (Materia prima → Producción → Consumo → Desecho), con las actividades que la componen, como la obsolencia programada y  los sobreinventarios, para entonces poder cambiar hacia una economía circular con jerarquía de la gestión de residuos (Prevenir → Reducir → Reusar → Reciclar → Recuperar → Tratar → Disponer).

La secretaria del Medio Ambiente Marina Robles agregó que es riesgoso centrar la discusión de la circularidad únicamente en temas de reciclaje y residuos; debido a que estas son algunas de las vertientes a contemplar, sin embargo, el tema de economía circular comprende muchas otras áreas.

Legislación

De acuerdo con Enrique Berruga, de Aspen Institute México, se requiere un trabajo en equipo para lograr avances en el tema legislativo; y, como comentó Dominic Curran, además se requieren diversas herramientas políticas como incentivos y normas, así como el compromiso para modificar las acciones necesarias que permitan implementar la economía circular.

Por su parte, Mauricio Zenteno destacó que el cambio climático y la era post Covid son algunos ámbitos que muestran la necesidad de tomar decisiones basadas en la innovación, datos y transformación digital para sacar el mayor provecho.

En este sentido, señaló que al hablar del marco regulatorio y política pública para la transición hacia una economía circular deben abordarse dos enfoques; el primero, de arriba hacia abajo, que hace referencia a cómo se crean las condiciones, cómo se transforman las ciudades o entornos para que las industrias puedan comenzar diversas prácticas en términos de innovación y producción; mientras el segundo sería de abajo hacia arriba, en donde muchos activos implementen muchas soluciones a pequeña escala como desarrollos tecnológicos, rediseño de productos o nuevos modelos de comportamiento y consumo que puedan conectarse a los grandes ecosistemas que son las ciudades.

“Por lo tanto, un marco regulatorio debe tener detrás un marco de referencia que mida todos los impactos de la economía circular en términos de metabolismo urbano pero también de impactos que nos permitan evaluar si las políticas públicas van a donde queremos o si tenemos que tomar decisiones para irlas afinando”, aseguró.

Además, deberá considerar la igualdad de género, inclusión social, impacto ambiental, la vulnerabilidad ante el cambio climático, competitividad, desarrollo económico, innovación e Industria 4.0.

De acuerdo con Andrés Ávila, desde hace un par de meses se han realizado algunas reuniones con sociedad, autoridades locales y federales, e instituciones o todo aquel interesado en aportar ideas o ayuda en la búsqueda de la legislación en esta materia.

“Nuestra idea, sin mayor ambición sino la de aportar a un proceso, es tener una propuesta que recoja todas estas opiniones y cuestiones técnicas desde todos estos actores para poder entregarla al Congreso de la Ciudad de México en el próximo mes de agosto, que es cuando termina la legislatura, para empezar el proceso”, señaló.

También comentó que será habilitado un sitio web para que los actores que busquen aportar algo puedan hacerlo fácilmente.

“El éxito de instrumentos de esta naturaleza, está en el diseño participativo”, señaló Marina Robles.

Durante su participación, la diputada Teresa Ramos Arreola indicó que el objetivo es alistar la iniciativa de ley para que en el mes de septiembre la nueva legislatura dictamine, apruebe y pueda ponerse en marcha esta ley lo antes posible.

Beneficios

Como se explicó en la ponencia, existen tres grandes sectores que pueden verse beneficiados directamente en cualquiera de sus escalas:

Industria: Gana productividad y competitividad en el tiempo, desarrollo de nuevos negocios, mercados y productos, además, se generan nuevas empresas con modelos de empleos de calidad.

Administración pública: Mayores recursos, ahorros y eficiencia en servicios públicos; cumplimiento de metas e indicadores.

Al afianzarse estos dos rubros, existiría mayor certeza jurídica y alianzas público-privadas que permitan coinversiones o cofinanciamientos.

Consumo consciente: La transformación en los hábitos del consumo permitiría la educación en las nuevas formas de trabajo, bienestar y prosperidad.

Estos tres ámbitos significarían una trazabilidad de que conduzca mejor reputación y servicios innovadores.

Teresa Ramos Arreola comentó que dentro de las medidas consideradas destacan el financiamiento a programas de investigación e innovación, la reducción de desperdicio de alimentos, la elaboración de normas de calidad para materias primas secundarias, diseños ecológicos, reciclaje y la reparación de productos elaborados con eficiencia energética.

En este sentido, para saber cómo reorientar el marco regulatorio se realiza el análisis con un enfoque de ciclo de vida; se identifican los principales desafíos para diseñar una hoja de ruta a nivel de ciudad para conocer qué se puede hacer a corto, mediano y largo plazos; además, se establece cómo el marco regulatorio permitirá que innovadores o empresas inviertan en este rubro.